Juan Guaidó ha lanzado un órdago al gobierno Venezolano presidido por Nicolás Maduro. Mas detrás de este órdago hay otro lanzado contra el pueblo de Venezuela y, por extensión, contra todo el pueblo, si es que existe el pueblo.
Vayamos por partes.
En primer lugar hay que considerar que Juan Guaidó no es un revolucionario que se ha echado al monte con más utopías que cumplir que derechos le amparen, que no es alguien venido de fuera. Juan Guaidó debería ser el Presidente del Parlamento, de la Asamblea Nacional Venezolana, del órgano del poder legislativo. Sin embargo en una maniobra tramposa Nicolás Maduro consiguió zafarse de la amenaza que se le cernía desde el legislativo y a través del poder judicial declaró en desacato a la Asamblea Nacional inmovilizando su acción, al menos durante un tiempo, tiempo en el que el poder ejecutivo sigue teniendo el control del legislativo y el judicial.
Parece que ha llegado la hora en que Guaidó ha decidido ir más allá de lo que en legitimidad le correspondería en respuesta a una usurpación de poderes por parte de Nicolás Maduro: si bien Maduro desactivó el órgano legislativo, Guaidó pretende arrebatar a Maduro el poder ejecutivo del país desde la calle, y esto con el apoyo internacional de países como Estados Unidos de América, Canadá, Chile, Colombia, Argentina, Perú...
Frente a la presión que la oposición ejerce contra el gobierno de Maduro, este se defiende desde los medios que controla, desde la calle, con el ejército, con apoyo de países como Rusia, Turquía o Cuba, por ejemplo.
Ambos contendientes quieren reclamar la legitimidad de su posición recurriendo al pueblo, parte del cual se ha echado a la calle, y de eso no cabe duda.
La legitimidad de las acciones que han tomado uno y otro, sin embargo, deberían tener una catalogación de cero, de inválidas, nulas. En democracia la legitimidad la da el pueblo, sí, pero desde el voto, no desde la acción violenta en la calle. De lo que se ha privado al pueblo es del voto, y los poderes del Estado han dejado de ser representativos del pueblo, por mucha gente que haya en la calle. Esos no son pueblo, no es más que chusma, y sus líderes no son sus representantes, son sus caudillos. Es el dominio de la pasión sobre la razón, de la fuerza sobre la ley y el derecho. El puente que une a los poderes del Estado y el Pueblo es el voto, y sin voto ya no hay puente. La ruptura de la política y el pueblo se ha hecho patente, y no sólo en Venezuela, reflexión a renglón seguido merecería eso que llaman desafección, o lo que es más patente, la abstención. La caída del puente no es inocua. El puente se lleva por delante su basamento; si no hay voto, no hay pueblo; me niego a pensar que el pueblo de Venezuela sea el que está en la calle. El pueblo de Venezuela está llamado a las urnas, cosa que no ocurre.
Y qué decir del apoyo internacional!
Ahora vienen estos Estados a alinearse con Maduro o con Guaidó, ahora que uno y otro se han desvinculado del pueblo y de su papel legítimo. Antes, y no ahora, deberían haber actuado. Si querían estar con el pueblo de Venezuela deberían haber estado cuando fue el momento, cuando todavía se mantenían las formas y el derecho; y cuando fue el momento en que tenían representantes. Cuando había pueblo.
La posición internacional más razonable es la de aquellos que piden una apertura de urnas. Es lo que dotaría de sentido de legitimidad a la acción política, si es que esta ha de seguir siendo democrática. El posicionamiento internacional denota una falta de sensibilidad aterradora, o quizá no es por falta de sensibilidad, sino porque su naturaleza no les ha dotado de esa sensibilidad. No han sido sensibles a los problemas del pueblo, pero lo son a la hora de defender a sus caudillos. Quizá todos los gobernantes se sienten un poco caudillos, y en todos los países se ha desvirtuado poco o mucho la democracia. Los puentes de la representación se están dinamitando, el pueblo desaparece. Pero es lo que merece un pueblo de borregos (y esto no es una acusación hacia el pueblo de Venezuela).
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